El Defensor del Pueblo Andaluz puede iniciar, de oficio o a petición de una persona interesada, cualquier investigación que esté dirigida a esclarecer los actos y las decisiones adoptados por los Organismos de la Administración Pública andaluza en sus relaciones con los ciudadanos.
Cuando la persona interesada entiende que, en el desarrollo de esa relación, el Organismo
Público en cuestión no está cumpliendo las normas que regulan los correspondientes procedimientos o
no se le están respetando los derechos que le reconocen las normas, puede acudir a presentar su
queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que se investigue la actuación del Organismo en
cuestión.
Las relaciones que se establecen pueden tener su origen, normalmente, en instancias o
solicitudes que presentan las personas interesadas para obtener el reconocimiento de derechos,
acceder a servicios públicos, licencias, autorizaciones, presentar reclamaciones contra el
funcionamiento de algún servicio público etc.
En otras ocasiones puede ser el propio Organismo Público el que se dirija a la persona en
cuestión para exigirle algún tipo de actuación o el cumplimiento de algún deber como puede ser el
pago de un tributo etc.
El Defensor puede intervenir para proteger los derechos y libertades de las personas que
intervienen en sus relaciones con la Administraciones Públicas.